La ley de residuos necesita dientes: por qué ese debate también se nota en Coslada
Cuando se aprueba una ley, el trabajo no termina: empieza. Esa es, en esencia, la idea que quieren hacer llegar al Gobierno más de 130 organizaciones sociales, ambientalistas, de consumidores y de la economía social, entre las que se encuentra la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Su mensaje es claro: cualquier cambio en la normativa de residuos debe venir acompañado de herramientas reales de control que garanticen que lo escrito se cumple.
Lejos de parecer un debate lejano o exclusivamente estatal, esta reclamación tiene consecuencias muy tangibles aquí, en Coslada. Desde 2025, nuestro Ayuntamiento aplica la tasa municipal de basuras, una obligación que nace de la Ley 7/2022 y cuyo importe depende del coste real del servicio: recogida, transporte y tratamiento de los residuos que generamos a diario en casa. Dicho de otro modo, cómo se aplica esta legislación influye directamente en lo que pagamos cada año.
Lo que piden las entidades
La Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa, en las que participa la FRAVM, han hecho llegar sus propuestas durante la consulta pública abierta antes de modificar la Ley 7/2022. Su posición tiene doble lectura: España debe ajustar su normativa a las nuevas exigencias europeas, sí, pero sobre todo debe ejecutar lo que ya está aprobado y reforzar la inspección, el seguimiento y las sanciones cuando algo no se hace como toca.
Las organizaciones recuerdan que han pasado cuatro años desde la entrada en vigor de la ley y que varios desarrollos siguen esperando. Mencionan, por ejemplo, la venta a granel de determinadas frutas y hortalizas sin envases, la puesta en marcha de medidas contra el desperdicio alimentario y la reducción de residuos procedentes de envases, textiles, artículos de un solo uso y otros materiales.
La dimensión económica en Coslada
En nuestro municipio, este asunto tiene una cara muy concreta: la factura. El sistema de gestión de residuos cuesta dinero y ese coste se financia mediante una tasa obligatoria que ya notamos los vecinos. Para las viviendas, el cálculo combina varios factores: el número de personas empadronadas en el domicilio, la superficie de la vivienda, su valor catastral y la zona de recogida en la que se encuentra.
Es decir, cada avance o cada retraso en la aplicación de la normativa puede acabar teniendo un reflejo en las cuentas municipales y, por extensión, en el bolsillo de quienes poseen una vivienda o un local en Coslada. De ahí que las entidades insistan en que no basta con legislar: hay que comprobar que las obligaciones de prevención, reutilización y reducción se están cumpliendo de verdad.
El ejemplo del SDDR: una fecha en el calendario y muchos interrogantes
Uno de los casos que las organizaciones ponen sobre la mesa como muestra de lo que falla es el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases de bebidas. Según explica la FRAVM, la norma fija su puesta en marcha para el 22 de noviembre de 2026. Sin embargo, el procedimiento para autorizar a las entidades que aspiran a operar ese sistema continúa atascado en la Comunidad de Madrid, sin que exista un calendario conocido para desbloquearlo.
Para los colectivos, este episodio resume perfectamente su reivindicación: aprobar una obligación y marcar una fecha no garantiza que la medida llegue a funcionar. Hace falta supervisión, plazos que se respeten y capacidad de reacción cuando algo se queda parado.
Hacia dónde quieren ir
Las propuestas de las entidades van más allá del control. Piden impulsar la reutilización, mejorar los sistemas de depósito y devolución, facilitar la reparación de productos para alargar su vida útil y establecer salvaguardias que impidan que ciertos residuos o sustancias peligrosas acaben colándose en los circuitos de reciclaje sin los controles adecuados.
Un asunto que seguiremos vigilando
En Coslada, la ley ya ha dejado huella con la implantación de la tasa de residuos. La pregunta que plantean ahora las organizaciones es la siguiente: ¿tendremos también mecanismos efectivos para verificar que las obligaciones ambientales se cumplen? Mientras el Gobierno decide cómo reforma la norma, desde este blog seguiremos atentos a cualquier novedad que afecte al servicio de basuras y al bolsillo de los vecinos.
